Los asentamientos precarios, que caracterizan los procesos de urbanización espontanea de la población más pobre de las ciudades Latinoamericanas, desde los años ’50 han constituido el problema social y urbano más importante a enfrentar. Tempranamente, ello dio lugar a acciones de intervención directa por parte del Estado, así como a la creciente injerencia de las agencias internacionales en la materia.
El problema sé abordó con una primera generación de políticas (de vivienda) basadas en programas de financiamiento de la oferta. Los cuales consistían en desalojar la población y “pasar la topadora” a las construcciones populares, para reemplazarlas por viviendas “modernas”, agrupadas en conjuntos habitacionales, realizadas por grandes empresas constructoras y entregadas llave-en-mano.
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